Y la gota que derramó el vaso sucedió el 29 de septiembre por la mañana cuando el Ministerio Público desarrolló un allanamiento en la sede del Tribunal supremo electoral. La diligencia terminó por la mañana del día 30 de septiembre con el secuestro de la documentación que ampara la legalidad de los resultados electorales consistentes en las actas 4 y 8 en donde constan los resultados extendidos por las Juntas receptoras de votos y las juntas departamentales electorales de los cuales no se aceptaron copias ni escaneos de parte de los fiscales del Ministerio Público.
A partir de entonces se desató el descontento popular pues ya eran evidentes las intenciones del Ministerio Público de traerse abajo todo el proceso electoral para anular la alternancia en el poder del presidente electo Bernardo Arévalo y de esa manera generar un rompimiento constitucional nunca visto en el país eliminando de esa manera la decisión democrática y soberana del pueblo expresada a través del sufragio popular de parte de aquellos que dicen defender la soberanía.
Fue así, que desde el día lunes 2 de octubre por la mañana se bloquearon las carreteras de parte de los 48 cantones del municipio de Totonicapán tal como estaba anunciado desde el día 28 de septiembre mediante comunicado de parte de dicho grupo. Se inicia el plantón frente la sede central del ministerio público en la ciudad capital y se hizo la convocatoria a los demás sectores sociales que están indignados contra las claras acciones de rompimiento constitucional cometidas por el Ministerio Público a través de la fiscalía Especial contra la Impunidad FECI. La petición desde el principio era tajante y contundente: Se solicitaba la Renuncia de la fiscal General Consuelo Porras, del fiscal de la FECI Rafael Curruchiche, la fiscal Cyntia Monterroso y el Juez Fredy Orellana. Dichas peticiones no estaban sujetas a negociación. Era una petición clara y definitiva sin más opciones de canje mediante cualquier tipo de diálogo.
Al principio, todos pensaron que los bloqueos eran cuestión de días y finalizarían en cuanto se logre un acuerdo respecto a ciertas peticiones. Sin embargo, hasta la fecha los bloqueos continúan sin que haya algún indicio de que las peticiones que se hacen sean atendidas. Es más, el presidente se ha portado totalmente loco. Ha afirmado tajantemente que no estaría destituyendo ni tan siquiera solicitándole la renuncia a la Señora Fiscal general. Es más, ha hecho serios señalamientos contra las autoridades ancestrales que han encabezado las movilizaciones sociales en defensa de la democracia. Ha pronunciado discursos descalificando y criminalizando las manifestaciones pacíficas y bloqueos de carreteras como medio de presión para la remoción de los funcionarios públicos señalados de socavar la institucionalidad del país.
Aún con todo lo que se ha hecho y a pesar de los pronunciamientos, denuncias penales y petición de renuncia de los funcionarios mencionados tal parece que el Estado de Guatemala se ha portado totalmente indiferente. Los bloqueos de carreteras han generado situaciones de inestabilidad social en todos los aspectos sin embargo eso no ha hecho mella en la posición del presidente junto con el congreso, el organismo judicial, el ministerio público y no digamos la Corte de constitucionalidad. Todos esos organismos del Estado parecen estar coludidos en unanimidad bajo la autoridad tirana del presidente Giamattei. Todos afirman que ese “Pacto de Corruptos” en su cinismo se ha vuelto tan terco que el clamor popular lo echan por la borda todo el tiempo y con total descaro se aferran a sus cargos. Todos sabemos que los motiva el pánico a rendir cuentas ante la justicia de sus evidentes delitos cometidos uno tras otro en ese afán de mantener el poder al precio que sea.
En ese estado, está claro que la democracia sigue bajo una seria amenaza que debe ser expatriada lo más pronto posible sin embargo tal parece que día a día las cosas no parecen esperanzadoras.
Por una parte el pueblo sigue firme en sus peticiones y no cede ni un solo milímetro atrás. Por la otra parte, el estado, dirigido por Giamattei, anda más terco que nunca. Sigue sin ceder y no parece hacerlo aún sabiendo que sus pretensiones y sus últimas acciones son una clara violación al Estado de Derecho y la institucionalidad del país.
Ante tal escenario y para salirnos de la actual crisis desatada por la misma ciudadanía en su afán de defender la democracia llega el planteamiento de ciertos sectores y personajes de la vida pública que plantean la posibilidad de un mecanismo de mediación entre las partes para encontrarle una solución a la presente crisis. La intención aparentemente es inocente. Pareciera que el infalible principio de “dialogando se entiende la gente” fuera una ley universal inequívoca; sin embargo, ante las pretensiones de generar espacios de diálogo que permita encontrar puntos comunes para retornar a la tranquilidad y normalidad cómoda que implique renunciar a ciertos derechos de cada una de las partes cabe preguntarse:
¿Acaso la soberanía popular expresada en las urnas debe ser sujeta a negociación cuando los mismos derechos ciudadanos se ven amenazados o incluso violentados?
¿Qué legitimidad tendría una mediación o diálogo que implique poner en tela de juicio o en regateo la toma de posesión de las próximas autoridades electas?
Si la misma constitución señala claramente que la soberanía radica en el pueblo ¿por qué hay que someterse a una mesa de diálogo para propiciar mecanismos de concesión que implique la disminución o incluso la anulación de dicha soberanía popular?
¿Qué legitimidad tendrían los funcionarios públicos electos por el pueblo o nombrados por otro funcionario público luego de violentar los derechos políticos ciudadanos cuando la misma constitución señala que la soberanía radica en el pueblo?